Jaime Santoyo Castro

Un tema recurrente en la mayoría de los países del mundo, es la urgencia de desterrar la corrupción, no sólo porque contribuye a elevar los índices de pobreza, sino porque al vincularse con otras actividades ilícitas, pone en grave riesgo la democracia y la estabilidad de las naciones.  

La corrupción no es un problema sólo de México; está presente en la mayoría de las naciones, lo que nos demuestra que no es propiedad de nadie; es un desajuste de la conducta social del ser humano, independientemente de su raza, color o ideología, y constituye un problema que se extiende peligrosamente sobre la superficie de la tierra, pasando por todo y sobre todos, sin parangón alguno. 

Como no se ha visto efectividad en el combate de este mal por los órganos correspondientes de los diferentes gobiernos, y toda vez que al igual que un virus, ataca por doquier, desde hace algunos años los organismos internacionales han empezado a establecer medidas orientadas a combatirlo, considerando que donde hay corruptos hay corruptores, y estos no sólo se encuentran en el sector público, sino que también están del lado del sector privado.   

En diciembre de 2003 se reunió la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en Mérida, Yucatán, evento en el que los estados miembros, coincidieron en la preocupación por los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades, que son los siguientes:

a). Socava las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia;
b). Compromete el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,
c). Crea vínculos con otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero.

Para hacer frente a ello,  acordaron desarrollar las siguientes estrategias: 

1) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción;
2) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos;
3) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

Cada uno de los países miembros, entre ellos México, se comprometieron a establecer las correspondientes medidas, desde 2005. ¿Qué hemos hecho?