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Corrupción y Derechos Humanos

Antonio Sánchez González. Médico.

La corrupción es la violación a los derechos humanos más descuidada y menos reconocida de nuestro tiempo. Alimenta injusticias, desigualdad y depravación, y es un importante catalizador para la migración y el terrorismo.

En México, las consecuencias sociales y políticas de la corrupción privan a los ciudadanos de recursos y oportunidades, e impulsan la desigualdad, resentimiento y radicalización. La corrupción falsea las expectativas de los gobiernos estatales, y obstaculiza el desarrollo de comunidades y ciudades exitosas, las economías sostenibles y sociedades seguras.

Un informe conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo determinó que hasta el 65% de los recursos económicos perdidos desaparecieron en las transacciones comerciales de las empresas multinacionales. Según Oxfam, se estima que hasta el 30% de la riqueza financiera mexicana se mantiene en el extranjero, con extraordinarias pérdidas en ingresos fiscales cada año.

Esta corrupción desalienta a los donantes potenciales de recursos destinados a mejorar las vidas de los más desfavorecidos y destruye la confianza de los inversionistas, estrangulando el desarrollo, el progreso y la prosperidad.

Además, al igual que en el resto del mundo, la insatisfacción sociopolítica por la corrupción proporciona un terreno fértil para la radicalización, y algunas organizaciones políticas se han mostrado expertas en retratarse como la solución a tales injusticias.

Al entender el impacto total de la corrupción y verla a través de los ojos de sus víctimas, podemos crear armas para combatirla. Entre ellas se encuentran los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, particularmente el 16, que tiene como objetivo reducir el soborno y la corrupción, desarrollar instituciones responsables, reducir el flujo de dinero y armas ilícitos y fortalecer la recuperación y el retorno de activos robados.

Se puede hacer más a nivel mundial para apoyar estas ambiciones. Los acuerdos comerciales bilaterales deben basarse en compromisos para poner fin a la corrupción y proteger los derechos humanos, y los protocolos para prevenir la corrupción deben incorporarse a las ayudas para el desarrollo y a los créditos otorgados a los estados.

Hay algunas señales alentadoras en el país. Cuando líderes políticos empezaron a resaltar la corrupción como una amenaza importante para el país, entonces parecía que estábamos viendo los últimos días de chapuzas e impunidad. Sin embargo, para que estas nuevas promesas anticorrupción tomen forma de manera creíble es indispensable que tengan en cuenta los derechos humanos de todos los mexicanos.

Los derechos humanos son obligatorios para el país por la firma de México de tratados internacionales, respaldados por órganos judiciales con dientes como el tribunal penal internacional, el tribunal internacional de justicia y órganos regionales como el tribunal interamericano sobre derechos humanos y de las personas. El Consejo de Seguridad de la ONU pueden imponer sanciones en respuesta a violaciones de los derechos políticos, económicos, sociales o culturales, tanto como para hacer frente a la tortura, el genocidio y los crímenes de guerra. Además, los países y los organismos internacionales tienen la obligación de actuar cuando se incumpla con la protección de los derechos humanos.

Sin embargo, no existe obligación de actuar contra la corrupción endémica. Los acuerdos internacionales definen varias prácticas corruptas como crímenes, pero no la corrupción en sí misma. En cambio, si se define pasivamente como defecto técnico en la gobernanza: sus horrores disfrazados de legalidad. Las víctimas de corrupción reciben poca mención, aunque el término se ha vuelto una palabra repetida todos los días.

Es por eso por lo que, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción ha hecho tan poco progreso. Este acuerdo mundial elevó la acción anticorrupción a escena mundial, pero, a diferencia de los protocolos mundiales que rigen los derechos humanos, no existe una sanción efectiva para los infractores. Evidentemente, hay poca voluntad política para cambiar las cosas.

La comunidad de derechos humanos construyó un arsenal para proteger a las personas. Ahora los activistas anticorrupción tienen que hacer lo mismo.